Por Patricio Rombo
Es necesario “un Poder Judicial fuerte e independiente” para garantizar el crecimiento económico, afirmó el sábado en el portal de noticias perfil.com el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El capitalismo racional permite una “empresa lucrativa sensible en grado sumo a las irracionalidades de la justicia, de la administración y de la tributación”, manifestó Max Weber en Economía y Sociedad (Ed. Fondo de Cultura Económica); de esta manera, añadió el célebre sociólogo alemán, es posible la “calculabilidad” (cursiva del autor).
Bellísimas palabras acerca del Estado moderno (capitalista) se deslizaron en este primer párrafo. Sin embargo, comienzan a generar ruido cuando esas mismas oraciones son pronunciadas por el autodenominado “empresariado argentino”, “burguesía nacional” o “inversores locales” que, casualmente, disputan, de una u otra manera, la posibilidad de alcanzar el poder político de un cargo público, con el objetivo de alcanzar la “calculabilidad” tan preciada.
Se podría imaginar que Mauricio Macri, reconocido empresario durante los últimos 20 años de democracia argentina, forma parte del tan admirado sector económico local, que arriesga por el país en pos del desarrollo nacional. Sin embargo, es evidente que “Mauricio” simplemente forma parte de un estilo empresarial anticapitalista prebendista, que jamás arriesgó empresarialmente, sino que se respaldó en el Estado (ese “elefante” al que es necesario “achicar” para “crecer”), en pos de acumular fortuna a costa del erario público.
“Una doctrina jurídica favoreció y justificó el vaciamiento del Estado por los grandes grupos económicos. Denominada de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular, formulaba una interpretación sui géneris de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional mediante la cual lograba el milagro argentino de eliminar el riesgo empresario. Como el contratista privado al llevar a cabo una obra pública lo hace en vista al interés general, el Estado, como representante de ese interés general, debe soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económico-financiera, sostiene la doctrina”, escribió Horacio Verbitsky en su libro Robo para la Corona (reproducido en la nota Plata Dulce 17/06/2007).
A su vez, el periodista añadió: “Los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas de ese interés general que invocaron en el comienzo del razonamiento. La redacción de pliegos se convirtió en una tarea esencial (y completamente ilegal) para los grandes contratistas. El arte reside en omitir en el pliego algún paso esencial para la conclusión de la obra”.
“Cuando al promediar el trabajo esto se descubre el contratista solicita su pago como adicional. El Estado se niega. El contratista pide prórroga y mientras se discute, paraliza la obra. En ese momento agrega al reclamo el mayor costo por los gastos improductivos que le crea la permanencia del personal y el equipo más allá del plazo previsto. Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego. No es excepcional que los costos de una obra terminen triplicando el presupuesto original debido a estos costos extra que se cargan por imprevisión del Estado”, finalizó Verbitsky .
Está claro que la familia Macri junto al “empresario nacional” es la que vocifera más fuerte las palabras de Weber... o de Lorenzetti. Aunque la pregonan de una forma particularidad: “Un Poder Judicial fuerte e (in)dependiente” para un (anti)capitalismo de ganancias aseguradas por el Estado.
Es necesario “un Poder Judicial fuerte e independiente” para garantizar el crecimiento económico, afirmó el sábado en el portal de noticias perfil.com el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El capitalismo racional permite una “empresa lucrativa sensible en grado sumo a las irracionalidades de la justicia, de la administración y de la tributación”, manifestó Max Weber en Economía y Sociedad (Ed. Fondo de Cultura Económica); de esta manera, añadió el célebre sociólogo alemán, es posible la “calculabilidad” (cursiva del autor).
Bellísimas palabras acerca del Estado moderno (capitalista) se deslizaron en este primer párrafo. Sin embargo, comienzan a generar ruido cuando esas mismas oraciones son pronunciadas por el autodenominado “empresariado argentino”, “burguesía nacional” o “inversores locales” que, casualmente, disputan, de una u otra manera, la posibilidad de alcanzar el poder político de un cargo público, con el objetivo de alcanzar la “calculabilidad” tan preciada.
Se podría imaginar que Mauricio Macri, reconocido empresario durante los últimos 20 años de democracia argentina, forma parte del tan admirado sector económico local, que arriesga por el país en pos del desarrollo nacional. Sin embargo, es evidente que “Mauricio” simplemente forma parte de un estilo empresarial anticapitalista prebendista, que jamás arriesgó empresarialmente, sino que se respaldó en el Estado (ese “elefante” al que es necesario “achicar” para “crecer”), en pos de acumular fortuna a costa del erario público.
“Una doctrina jurídica favoreció y justificó el vaciamiento del Estado por los grandes grupos económicos. Denominada de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular, formulaba una interpretación sui géneris de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional mediante la cual lograba el milagro argentino de eliminar el riesgo empresario. Como el contratista privado al llevar a cabo una obra pública lo hace en vista al interés general, el Estado, como representante de ese interés general, debe soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económico-financiera, sostiene la doctrina”, escribió Horacio Verbitsky en su libro Robo para la Corona (reproducido en la nota Plata Dulce 17/06/2007).
A su vez, el periodista añadió: “Los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas de ese interés general que invocaron en el comienzo del razonamiento. La redacción de pliegos se convirtió en una tarea esencial (y completamente ilegal) para los grandes contratistas. El arte reside en omitir en el pliego algún paso esencial para la conclusión de la obra”.
“Cuando al promediar el trabajo esto se descubre el contratista solicita su pago como adicional. El Estado se niega. El contratista pide prórroga y mientras se discute, paraliza la obra. En ese momento agrega al reclamo el mayor costo por los gastos improductivos que le crea la permanencia del personal y el equipo más allá del plazo previsto. Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego. No es excepcional que los costos de una obra terminen triplicando el presupuesto original debido a estos costos extra que se cargan por imprevisión del Estado”, finalizó Verbitsky .
Está claro que la familia Macri junto al “empresario nacional” es la que vocifera más fuerte las palabras de Weber... o de Lorenzetti. Aunque la pregonan de una forma particularidad: “Un Poder Judicial fuerte e (in)dependiente” para un (anti)capitalismo de ganancias aseguradas por el Estado.
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