Por Patricio Rombo
“Palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras”, le respondía Lucía Galán a las promesas de su enamorado que le decía que todo iba a ser diferente. “Palabras”, les podrían reprochar los trabajadores de Canal 7 de San Rafael, Mendoza, a los medios privados, después de que el lunes pasado, el juez federal Héctor Acosta dispusiera el cese de las emisiones de la repetidora, contradiciendo las medidas del Poder Ejecutivo tendientes a garantizar, a través de la televisión pública, el derecho de información abierta y gratuita a todos los habitantes de la Argentina.
El martes (almorzando un guiso de lentejas recalentado que me había sobrado del domingo a la noche) me encontré de repente en la televisión a la Directora Ejecutiva de Canal 7, Rosario Lufrano, dándole un “abrazo” a la repetidora de la pequeña ciudad mendocina. No era una nueva modalidad de noticiero porno, sino que era una protesta contra la decisión del juez Acosta, quien dictó una medida de no innovar que suspende los efectos de los decretos 2368/2002 y 84/2005, por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país, mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independiente de los intereses del mercado.
Particularmente, desde Buenos Aires (con más de 80 canales de cable, DVD, videocassettera, Internet, banda ancha, nueve salas de cine a la vuelta de mi casa, cuponera para pagar dos por uno), con sinceridad, no me afecta demasiado la decisión de un juez que, según el secretario General del gremio de prensa de San Rafael, Roberto Picco, responde a los intereses del grupo empresario Vila-Manzano, quienes (se me cae de maduuuro), pretenden ser los únicos de la pequeña ciudad (a 230 kilómetros de la capital provincial), en tener canales de aire (los canales privados 6 y Telesur eran los únicos hasta la reinstalación de la TV pública).
Sin embargo, más allá de la decisión de un juez o las presiones de un grupo empresarial multimediático, me interesa escribir acá sobre la reacción del mundillo argentino de los medios de comunicación privados, quienes hace apenas unos quince días atrás vociferaban pestes acerca de la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de no renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV).
¿Dónde están los editorialistas de los diarios, de las radios, de los programas de televisión, que se llenaban la boca de palabras para levantar la bandera de la libertad expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información, que utilizaron para defender a un canal venezolano que respaldó un intento de Golpe de Estado contra un gobierno constitucional elegido por el 63 por ciento de los votos? ¿Dónde están los paladines de “La República”, “la nueva política”, los neodemocráticos latinoamericanos, que pregonan contra el “populismo” de los líderes del continente que pusieron sobrerelieve las políticas económicas neoliberales que saquearon al “patio trasero”? ¿Dónde está el periodismo “objetivo”, “independiente”, “puro”, “inmaculado”, “real”, “informativo”... etc mentiroso? Dónde están para salir a resguardar el cierre de una repetidora pública de una pequeña ciudad del interior del país.
“Palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras”, son las que prefirieron guardarse los directivos de los medios privados, quienes jamás van a salir a poner el cuerpo por el periodismo, si no les tocan directamente sus propios bolsillos.
“Palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras”, le respondía Lucía Galán a las promesas de su enamorado que le decía que todo iba a ser diferente. “Palabras”, les podrían reprochar los trabajadores de Canal 7 de San Rafael, Mendoza, a los medios privados, después de que el lunes pasado, el juez federal Héctor Acosta dispusiera el cese de las emisiones de la repetidora, contradiciendo las medidas del Poder Ejecutivo tendientes a garantizar, a través de la televisión pública, el derecho de información abierta y gratuita a todos los habitantes de la Argentina.
El martes (almorzando un guiso de lentejas recalentado que me había sobrado del domingo a la noche) me encontré de repente en la televisión a la Directora Ejecutiva de Canal 7, Rosario Lufrano, dándole un “abrazo” a la repetidora de la pequeña ciudad mendocina. No era una nueva modalidad de noticiero porno, sino que era una protesta contra la decisión del juez Acosta, quien dictó una medida de no innovar que suspende los efectos de los decretos 2368/2002 y 84/2005, por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país, mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independiente de los intereses del mercado.
Particularmente, desde Buenos Aires (con más de 80 canales de cable, DVD, videocassettera, Internet, banda ancha, nueve salas de cine a la vuelta de mi casa, cuponera para pagar dos por uno), con sinceridad, no me afecta demasiado la decisión de un juez que, según el secretario General del gremio de prensa de San Rafael, Roberto Picco, responde a los intereses del grupo empresario Vila-Manzano, quienes (se me cae de maduuuro), pretenden ser los únicos de la pequeña ciudad (a 230 kilómetros de la capital provincial), en tener canales de aire (los canales privados 6 y Telesur eran los únicos hasta la reinstalación de la TV pública).
Sin embargo, más allá de la decisión de un juez o las presiones de un grupo empresarial multimediático, me interesa escribir acá sobre la reacción del mundillo argentino de los medios de comunicación privados, quienes hace apenas unos quince días atrás vociferaban pestes acerca de la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de no renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV).
¿Dónde están los editorialistas de los diarios, de las radios, de los programas de televisión, que se llenaban la boca de palabras para levantar la bandera de la libertad expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información, que utilizaron para defender a un canal venezolano que respaldó un intento de Golpe de Estado contra un gobierno constitucional elegido por el 63 por ciento de los votos? ¿Dónde están los paladines de “La República”, “la nueva política”, los neodemocráticos latinoamericanos, que pregonan contra el “populismo” de los líderes del continente que pusieron sobrerelieve las políticas económicas neoliberales que saquearon al “patio trasero”? ¿Dónde está el periodismo “objetivo”, “independiente”, “puro”, “inmaculado”, “real”, “informativo”... etc mentiroso? Dónde están para salir a resguardar el cierre de una repetidora pública de una pequeña ciudad del interior del país.
“Palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras”, son las que prefirieron guardarse los directivos de los medios privados, quienes jamás van a salir a poner el cuerpo por el periodismo, si no les tocan directamente sus propios bolsillos.
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