Final de la licencia de RCTV, final del periodismo independiente... ¿De quién?

Por Nicholas Hierba

“Libertad de expresión”, “libre circulación de información” o “periodismo independiente” fueron algunas de las frases utilizadas por distintos sujetos sociales para criticar la decisión del Gobierno Bolivariano de Venezuela de no renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV). Sin embargo, dentro de las opiniones esgrimidas por periodistas televisivos, radiales o de la prensa gráfica jamás se escuchó o se escribió siquiera una palabra sobre las restricciones que todos los días imponen los oligopolios de la comunicación a los trabajadores de prensa.

Tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de los Estados Unidos manifestaron su “preocupación” por la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de no renovarle la licencia a RCTV. Sin embargo, ninguno de los legisladores de ambos continentes puso sobrerelieve el fortalecimiento del espacio público radioeléctrico que se obtenía con la política adoptada; ningún dirigente político de la Comunidad Europea manifestó lo que puertas adentro tanto defienden: la presencia del Estado en la radiodifusión.

En Argentina, el diario de mayor tirada del país que, casualmente, es la cabeza del multimedios Clarín (propietario de los medios gráficos Clarín, Clarín.com, La Razón, Olé, Los Andes, La Voz del Interior; de los medios audivisuales Canal 13, Todo Noticias, Volver, Radio Mitre, Canal 12, Pol-ka Producciones, Patagonik Film Group, TyC Sports; y que además cuenta con empresas en áreas de Internet y telefonía, de distribución de televisión por cable y otras actividades de contenidos) criticó furibundamente la decisión de Chávez de no renovarle la licencia a RCTV.

Sólo el editorialista de la Sección Internacionales de Clarín, Oscar Raúl Cardoso, se permitió manifestar (después de iniciar la nota burlándose del “estilo” del canal de noticias estatal Telesur), que la decisión chavista “podría haber sido formalmente administrativa y judicial como demanda la ley vigente”. Asimismo, el periodista del “diario del pueblo argentino” destacó valientemente (vale reconocerlo) que RCTV fue “cómplice en la conspiración contra el orden constitucional (en abril de 2002) que implicó el golpe que intentó colocar al frente, más como muñeco de torta que como potencial estadista, al empresario (petrolero) Pedro Carmona Estanga”.

A la parcialmente destacable editorial de Cardoso le hubiera faltado plantear el papel que cumplen los medios de comunicación privada en latinoamérica, los cuales se caracterizan por su concentración, la precarización salarial de sus trabajadores, la censura explícita e implícita, la restricción de información y, sobre todo, la realización de un periodismo portavoz de determinados intereses económicos.

Remarcar las miserias de los medios de comunicación privados es importante para evitar caer en el monopolio del mercado. Asimismo, es necesario plantear que cuando Chávez alcanzó la Presidencia (gracias al 63 por ciento del voto popular), Venezuela carecía de un servicio público importante de radiodifusión. Antes de la inauguración del canal noticioso Telesur, la información periodística sólo provenía de tres grandes cadenas: Venevisión (del conocido grupo Cisneros), RCTV y Glovovisión.

Mientras que Venevisión moderó las críticas al gobierno (la renovación de la licencia tuvo mucho que ver en eso), Glovovisión –único canal de noticias que transmite las 24 horas- mantiene su postura antichavista acérrima de siempre; situación que no conllevó al presidente elegido democráticamente a realizar ninguna acción anticonstitucional, tal como sucedió con el Golpe de Estado que intentaron ejecutar los grandes grupos económicos de Venezuela el 11 de abril de 2002, con respaldo no sólo de la administración de George W. Bush, sino también con el respaldo de los mismo medios de comunicación que se escudan en la “libertad de expresión”, “la libre circulación de información” y “el periodismo independiente”.